PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SALUD
Análisis por grupos de población
La salud del niño

Según la ENDSA 94, la mortalidad infantil se redujo de 99 por 1.000 nacidos vivos en el período 1984–1989 a 75 por 1.000 en el período 1990–1994. La mortalidad infantil en la zona rural fue de 92 por 1.000 nacidos vivos y en la urbana, de 60 por 1.000 nacidos vivos. Entre 1984 y 1989 estas tasas fueron de 120 y 80 nacidos vivos, respectivamente. En la región de los valles se encontraron las tasas más altas (101 por 1.000 nacidos vivos). En el Altiplano la tasa fue de 96 por 1.000 nacidos vivos y en la región de los llanos, de 53 por 1.000. La tasa de mortalidad neonatal fue de 41 por 1.000 nacidos vivos y la posneonatal, de 34 por 1.000. La mortalidad en el grupo de 1 a 4 años de edad se redujo de 57 a 44 por 1.000 en el período referido. La mortalidad en la niñez en el período 1990–1994 fue de 116 por 1.000. 

Según ENDSA 1994, 28% de los niños menores de tres años adolecían de desnutrición crónica (déficit de talla para la edad); este porcentaje fue 10 puntos menor que el notificado en la ENDSA 89. Uno de cada tres niños de la zonas rurales y uno de cada cinco de las urbanas padecían de desnutrición crónica. La prevalencia más alta de desnutrición crónica se encontró en el Altiplano (32%) y en los valles (30%); en los llanos fue de 18%. Según la misma fuente, 15% de los niños de madres con nivel de educación media o superior sufrían retardo en el crecimiento, en contraste con 46% de los hijos de madres sin educación. Por otro lado, la prevalencia de desnutrición aguda (déficit de peso para la talla) fue de 4,4% en los menores de 3 años, este dato fue más alto que el de la ENDSA 89 (1,6%). Los valores de desnutrición aguda en Chuquisaca (14,6%) y Potosí (10%) establecieron un promedio nacional más alto para 1994.

Los datos de prevalencia y duración de la lactancia materna recogidos en la ENDSA 94 mostraron que 22% de los niños tomaron el pecho dentro de la primera hora luego del nacimiento y 62% dentro del primer día. Tres departamentos presentaron bajos niveles de lactancia al concluir las primeras 24 horas de vida: Beni y Pando (44%) y Chuquisaca (51%). El 61% de los menores de 2 meses recibieron lactancia exclusiva; a los 4 meses solo lactaban 25% de los niños. Sin embargo, entre los 10 y los 11 meses, 80% de los niños siguieron lactando, aunque no exclusivamente, y al cumplirse los 24 meses el porcentaje de lactantes aún era de 30%.

La salud del adolescente

La edad mediana de las mujeres en el momento de su primer parto es 21,2 años. El 18% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad ya han tenido un hijo o están embarazadas por vez primera. A los 19 años de edad, 37% de las mujeres son madres y 9% ya tienen dos o más hijos. Las tasas de fecundidad específicas disminuyeron en los últimos 30 años en todos los grupos de edad, excepto en el de 15 a 19 años, donde se mantuvo sin variación, incrementando con su peso relativo la fecundidad general del país. Se estima que para el año 2000, 13% de los nacimientos ocurrirán en adolescentes. Existe la tendencia a la unión en la temprana adolescencia (2,7% de las uniones se produce antes de los 15 años) y al inicio precoz de la actividad sexual (91% antes de los 18 años en las zonas rurales y 84% en las urbanas). Existe también un escaso uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres adolescentes (5,7%). La atención de la salud entre los adolescentes es insuficiente, sobre todo en aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva. La reforma educativa incluye temas de educación sexual en los planes de estudio escolares. 

La salud del adulto

Según la ENDSA 94, la fecundidad descendió 26% en los últimos 5 años; de acuerdo con los niveles actuales de reproducción, las mujeres tendrán 4,8 hijos en promedio frente a 6,5 a principios de los años setenta. El 62% de las mujeres de 15 a 49 años viven en unión conyugal, y de estas, cuatro quintas partes están casadas; el matrimonio es la forma más común de iniciar una vida en pareja. No hay un conocimiento generalizado sobre métodos anticonceptivos, si bien este ha mejorado. En 1994 tres de cada cuatro mujeres habían oído hablar de métodos modernos de control de la fecundidad, en contraste con dos de cada tres en 1989; además, 64% declararon conocer la píldora y el dispositivo intrauterino (DIU), en comparación con 54% en 1989. El conocimiento de la esterilización siguió en los niveles de 1989 (54%), pero la mitad de las mujeres que vivían en pareja conocían el condón frente a 29% en 1989. El dispositivo intrauterino fue el método moderno más usado en 1994. La mayor prevalencia de uso de métodos anticonceptivos se encuentra entre las mujeres con mayor nivel de instrucción que residen en las zonas urbanas y, en el nivel departamental, en Tarija y en Santa Cruz, donde alrededor de 55% de las mujeres usaban métodos anticonceptivos, 60% de los cuales eran modernos.

La ENDSA 94 indicó que la mortalidad materna promedio se mantuvo constante: de 416 muertes por 100.000 nacidos vivos en el período 1984–1989 a 390 en el quinquenio 1990–1994. En el Altiplano se estimó en 602 por 100.000 nacidos vivos, más del doble que en los valles (293) y casi seis veces mayor que en los llanos (110). La mortalidad materna urbana fue de 274 por 100.000 nacidos vivos y la rural de 524; en la zona rural del Altiplano llegó a 887 por 100.000 nacidos vivos. Solo la mitad de las gestantes recibió cuidados prenatales por personal capacitado (médico, enfermera, auxiliar de enfermería); 47% no recibió atención prenatal alguna. Solo 50% de las mujeres recibieron la vacuna antitetánica y apenas 60% en los departamentos del llano, que son los de mayor cobertura. Hay una elevada proporción de partos domiciliarios (57%), 40% de los cuales ocurren sin atención profesional. Las causas de muerte materna son, en orden de importancia, hemorragia, toxemia, infección y parto obstruido. Entre ellas, el aborto tiene un peso estimado de 27% a 35%.

En 1992 los mayores de 60 años censados representaban 6,1% de la población. Muchos de ellos aún trabajaban. La tasa de mortalidad estimada en los mayores de 65 años fue de 7,8 por 100.000 habitantes (8,2 en los varones y 7,4 en las mujeres). Las políticas estatales de protección a la ancianidad no son explícitas y los planes y programas de salud en este grupo de edad no tienen prioridad. 

La salud de los trabajadores

En 1994, la población económicamente activa (PEA) (10 y más años de edad) representaba 59% (3.921.236 habitantes) de la población total, 42% estaba ocupada en la agricultura. La participación femenina en la PEA ha ido en aumento; en 1992 representaba 39%. Se estima que 8% de la PEA tiene de 7 a 14 años de edad. La PEA desocupada fluctúa entre 9% y 24% y la ocupada trabaja tanto en el sector formal como en el informal. El Instituto Nacional de Estadísticas estima que 1.366.060 personas trabajan en el sector informal. De las 125.853 unidades económicas registradas en la segunda Encuesta Nacional de Establecimientos Económicos (1992), 81% tenían menos de cinco empleados.

No hay información confiable sobre accidentes ocupacionales: de ocho cajas existentes, solo la Caja Nacional, que cubre aproximadamente a 80% de los trabajadores asegurados, notificó 1.085 trámites por año por algún tipo de incapacidad laboral. Entre 15.000 trabajadores expuestos, las enfermedades profesionales más prevalentes fueron las silicosis (7,6%) y las silico-tuberculosis (1,4%). Hasta los años ochenta, cuando se inició la caída de la minería tradicional, la prevalencia notificada en 67.000 trabajadores expuestos era cercana a 24%. A los riesgos ocupacionales derivados de la minería y otras actividades extractivas se han agregado los de la agroindustria y los de las industrias metalmecánica, metalúrgica y petrolera (sobre todo la gasífera). Estudios sobre riesgos específicos establecieron valores de plomo en sangre superiores al valor límite en 48,5% de los trabajadores de las fundiciones y en 11,5% de los de plantas volatilizadoras; valores de mercurio en orina en 70,0% de los primeros, y valores de arsénico en orina en 53,2% de los trabajadores de las fundiciones y en 2,7% de los de las plantas volatilizadoras. En investigaciones realizadas entre 1989 y 1993 en trabajadores agrícolas expuestos en forma directa a plaguicidas organofosforados se calcularon índices de colinesterasa en sangre inferiores en 2,9% en el Altiplano, 7,0% en los valles y 8,8% en los llanos.

Solo 0,5% de los trabajadores del subsector agropecuario, de la caza y de la pesca tienen seguro médico; en contraste, en el subsector del transporte 30% cuentan con seguro de salud, en el de construcción 55%, en el de manufactura y comercio entre 86% y 90%, en los sectores educación y salud entre 90% y 100% y en el bancario-financiero, 100%. En términos económicos se estimó que el país pierde hasta 9,4% de su PIB por pago de costos directos e indirectos derivados de daños ocupacionales. La ley general del trabajo de 1938, que trata de los riesgos profesionales, estableció la protección del trabajador. La ley 16.998 de 1979 definió las instancias estatales responsables así como los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. El Código de Seguridad Social fijó las normas y el manejo socioeconómico de las incapacidades y estableció el pago de renta a los lesionados y a sus derechohabientes en caso de fallecimiento del titular. Desde 1997 se han producido transformaciones en el subsector de la salud de los trabajadores a raíz de la aparición de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en la gestión de riesgos profesionales hasta el 2001, año en que la ley prevé la existencia de fondos de pensiones específicos para dicha gestión.

La salud de los indígenas

El Censo Indígena de Tierras Bajas (Oriente, Chaco y Amazonia) realizado en 1994 utilizó criterios de lengua, territorio y autoidentidad para identificar a los grupos indígenas. Existen tres grandes grupos lingüísticos: aymarás, quechuas y guaraníes, integrados a su vez por 35 grupos étnicos con identidad cultural propia. Se estima que en el siglo XX se han extinguido nueve etnias.

El grupo aymará representa 23,5% de la población y comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. La mortalidad infantil en La Paz fue de 106 por 1.000 nacidos vivos; en todas las provincias aymarás de Oruro y Potosí se mantuvo entre 120 y 135 por 1.000 nacidos vivos. La desnutrición infantil grave y moderada en los niños menores de 5 años fue superior al promedio nacional en las provincias de Inquisivi, Tamayo y Omasuyos de La Paz. Las tasas más altas de fecundidad se registraron en Tamayo y Villarroel, con más de siete hijos por mujer. Más de 10% de la población aymará (a excepción de Murillo en La Paz y Cercado en Oruro) recurrió a la medicina tradicional, y en las provincias de Tamayo, Camacho, Muñecas y Aroma en La Paz y de San Pedro de Totora, Litoral y Nor Carangas en Oruro este porcentaje fue mayor que 30%. El acceso a los servicios de medicina occidental osciló de 11% a 65%, registrándose la cifra más baja en el norte de La Paz. La proporción más alta de población sin acceso a ningún tipo de servicios (más de 30%) se encuentra en las provincias de Los Andes, Pacajes y Pando en La Paz. Los que más recurren a la automedicación son los habitantes de Tamayo, Nor Yungas y Larecaja de este mismo departamento.

El grupo quechua representa 34% de la población y sus niveles de salud son los más precarios: 9 de las 10 provincias más pobres son quechuas; en el norte de Potosí, la periferia occidental y el sur de Cochabamba y en algunas provincias de Chuquisaca se encuentra la población más pobre. De las 36 provincias con población quechua, 23 tienen más de 20% de monolingües, porcentaje que llega a 89% en Charcas de Chuquisaca y a 60% en Arque de Cochabamba. En 20 provincias el nivel de analfabetismo supera el 40% y en 12 de ellas, más de 90% de la población tiene alguna carencia de servicios básicos. La mortalidad infantil supera la media rural en Iturralde de La Paz, Zudáñez y Azurduy de Chuquisaca, Charcas e Ibáñez de Potosí, y Ayopaya, Bolívar y Arque de Cochabamba. En algunos lugares la desnutrición infantil duplica la media nacional. El acceso a los servicios médicos es similar al de la región aymará. En provincias como Oropeza y Tomás Frías, 70% de la población accede a los servicios de salud, mientras que en otras como Tapacarí solo 11% tiene acceso a dichos servicios. La preferencia por la medicina tradicional es muy marcada, en especial en las provincias del norte de Potosí (85% de la población recurre a ella en Charcas, 70% en Ibáñez, 69% en Bilbao y 52% en Chayanta). Algo similar sucede en la periferia sur de Cochabamba, provincias Bolívar y Arque, donde más de 55% de la población opta por la medicina tradicional; en estas dos provincias se encuentra también el mayor porcentaje de personas que no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud (14% y 20%, respectivamente).

El grupo guaraní, con 33 etnias, comprende pueblos indígenas del Chaco y Oriente y su población asciende a 150.483 habitantes; los más numerosos son los chiquitanos (47.000), los guaraníes (36.900), los mojeños (6.600) y los movimas (7.200). La población guaraní crece a un ritmo de 1,9% anual, frente a 0,1% anual de la población rural. La tasa de fecundidad fue de 8,5 hijos por mujer, mayor que el promedio para la zona rural (6,3). La mortalidad materna fue de 395 por 100.000 nacidos vivos, menor que la de la zona rural (458). El 90,5% de la población de tierras bajas no cuenta con luz eléctrica, solo 9% tiene agua potable y 51,2% no usa servicios sanitarios. El analfabetismo llega a 23%, con 30% en la población femenina y 37% en la zona rural. En el Oriente, 46,3% de los grupos familiares no tienen título de propiedad de sus tierras, 42,4% en el Chaco y 50% en la Amazonia.

Estas poblaciones se encuentran particularmente expuestas a las enfermedades transmisibles y también son más vulnerables a ellas. La incidencia de tuberculosis en estos grupos es de 5 a 8 veces más alta que la nacional; el cólera tuvo una elevada letalidad entre los weenhayek (matacos) y los guaraníes. Las enfermedades gastrointestinales, en especial la diarrea aguda, constituyen la primera causa de muerte en la infancia y en niños menores de 5 años, son más frecuentes y más graves y reciben menos atención médica. También las enfermedades inmunoprevenibles, en especial el tétanos neonatal y el sarampión, afectan con mayor rigor a los niños indígenas, cuyas coberturas de inmunización son más bajas que las de los niños de las zonas urbanas. Los embarazos a muy temprana edad y su elevado número, los espacios intergestacionales cortos, la condición de lactante durante gran parte de su vida reproductiva, la atención deficiente del parto y el escaso acceso a la planificación familiar incrementan significativamente el riesgo de muerte de la mujer indígena. Además, por razones culturales, en la mujer indígena la dependencia de los hombres y su sometimiento a ellos son mayores, lo que la lleva a enfrentar mayores niveles de violencia física y sexual, factores que, añadidos a su mayor riesgo reproductivo, la sitúan como un grupo de alta vulnerabilidad biológica y social.

Análisis por tipo de enfermedad o daño
Enfermedades transmisibles

Enfermedades transmitidas por vectores. En 1996, la malaria alcanzó el nivel máximo de 64.012 casos en ocho de los nueve departamentos, seis de los cuales se encuentran en zonas de alto riesgo con transmisión permanente. Entre 1991 y 1996 el índice parasitario anual ascendió de 7,0 por 1.000 habitantes (19.031 casos) a 19,4. Las localidades de alto riesgo fueron 746 en 1993 y 2.124 en 1996, con incrementos entre 8,9% y 667%. En los departamentos de Tarija y Beni se notificaron 68% de los casos; 92% correspondieron a Plasmodium vivax y 8% a P. falciparum; los casos por este último aumentaron de 1.110 en 1991 a 4.164 en 1996. Se encontró 15% a 45% de resistencia a la cloroquina, principalmente en Riberalta y Guayaramerín en Beni y parte de Pando. En 1996 se notificaron 14 muertes por malaria en hospitales.

En cuanto a la enfermedad de Chagas, su principal vector, el Triatoma infestans, se encuentra en 60% del territorio (seis de nueve departamentos). Se estima una seroprevalencia general de 40% que en algunas zonas llega a 70%. Los índices de infestación por T. infestans son de 70% a 100% en las zonas rurales, 40% a 60% en las periurbanas y de 20% a 40% en las urbanas. La mortalidad estimada por causa de la enfermedad de Chagas es de 13% en la población total, 29% en los varones entre 24 y 44 años de edad y 22% en las mujeres del mismo grupo; en los niños, es de 26% a 46%, 32% por Chagas congénito. En 1993, el Instituto Nacional de Laboratorios detectó 5% y 51% de seroprevalencia en bancos de sangre de La Paz y de Santa Cruz respectivamente. En 1994 los bancos de sangre detectaron una seroprevalencia de 20,2% en 14.200 muestras tamizadas y en 1995, una de 13,7% en 14.579 muestras. Entre seropositivos, 15% a 28% presentó miocardiopatía chagásica y 16% desórdenes gastrointestinales. Se estima que la enfermedad de Chagas redujo en 25% la capacidad laboral, lo que significa 105.000 años de vida productiva perdidos y un costo económico para el país de US$ 39.000.000. Bolivia participa en la Iniciativa del Cono Sur para la eliminación de la transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi, basada en la aplicación de insecticidas de acción residual. De las 90.000 viviendas rociadas en toda la década, en 1996 se rociaron 35.000.

La leishmaniasis se distribuye en las zonas tropicales y subtropicales de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba. Entre 1989 y 1996 se registraron 5.780 casos; 40% de ellos (2.310) en 1996, cuando 93,2% presentaron formas cutáneas y el restante 6,8% formas mucosas (únicamente en 1993 se notificaron formas viscerales en los yungas). El 65% de los casos ocurrieron en varones y 75% en los mayores de 15 años. En 1996, solo 55,2% de los casos diagnosticados fueron tratados con esquema completo y dosis adecuadas.

Desde 1975, año en que provocó siete casos y dos defunciones en San Joaquín, la fiebre hemorrágica boliviana permaneció silente hasta 1993, cuando se notificó un caso en la provincia de Mamoré. En 1994 se presentaron nueve casos con seis defunciones en la provincia Iténez. En 1996 hubo tres casos no mortales, siempre en el departamento de Beni.

El dengue se detectó mediante pruebas de laboratorio en enero de 1996 en Santa Cruz de la Sierra, con un total de 66 casos hasta enero de 1997 y circulación de los serotipos DEN I y DEN II. El 66% de los casos ocurrieron en mujeres y el 90% en mayores de 15 años. La enfermedad no se presentó en su forma hemorrágica. En 1996, el índice de infestación por mosquitos Aedes fue de 18%.

Persiste la transmisión de fiebre amarilla silvestre. Desde 1984, cuando se registraron 12 casos, se observa una tendencia ascendente que alcanzó a 107 casos en 1989, 50 en 1990 y 91 en 1991, seguida por una tendencia descendente, con 8 casos en 1994. En 1996 ocurrieron 30 casos, lo que señaló una nueva tendencia ascendente. Los casos ocurrieron en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y principalmente Cochabamba. La enfermedad afectó preferentemente a los varones adultos, con una letalidad de 70%. Las campañas de vacunación se desarrollan en las zonas de riesgo, en general ante la presencia de un brote. Se protege también a los conscriptos movilizados a estas zonas.

En diciembre de 1996 se presentó un brote de 27 casos de peste en la localidad de San Pedro (Apolo, La Paz), con una tasa de ataque de 11%, una letalidad de 15% y una mortalidad general de 2%. El grupo más afectado fue el de 15 a 49 años de edad (73%). Una muestra de sangre resultó positiva para Yersinia pestis. Las acciones de control del brote incluyeron la administración de tratamiento con estreptomicina y el rociado intradomiciliario con deltametrina.

Enfermedades inmunoprevenibles. En 1988 se presentó el último caso clínicamente confirmado de poliomielitis y en 1994 el último caso compatible. La tasa de notificación de parálisis fláccida en los menores de 15 años (por 100.000) fue de 2,2 en 1993 y de 1,7 en 1994, 1995 y 1996. La cobertura de vacunación fue de 81% en 1993, de 82% en 1994, de 86% en 1995 y de 82% en 1996. En 1992 se produjo el mayor brote de sarampión de los últimos 10 años (4.937 casos). El programa de eliminación instrumentado consiguió elevar la cobertura de vacunación a 90% en 1997 y, consecuentemente; disminuir la cantidad de casos (16 en 1995 y 4 en 1996, por diagnóstico clínico). El tétanos neonatal ha disminuido desde 1992, año en que se presentaron 42 casos; en 1996 se notificaron 14 casos (0,1 por 1.000 nacidos). La cobertura de vacunación de las mujeres en edad fértil se elevó de 52% a 55% y en los niños menores de 1 año pasó de 77% a 82% entre 1992 y 1996. La difteria también disminuyó de 20 casos en 1992 a 1 caso en 1996. La tos ferina descendió de 284 casos en 1992 a 14 en 1996. La cobertura de vacunación supera el 80%. La seroprevalencia de hepatitis B en bancos de sangre fue de 1,1% en 13.276 muestras tamizadas en 1994 y de 1,5% en 13.295 muestras tamizadas en 1995.

Cólera y otras enfermedades infecciosas intestinales. En 1992 se registraron 23.862 casos de cólera (349 por 100.000 habitantes), con una letalidad de 1,7%; en 1993, 10.290 casos (150 por 100.000 habitantes), con una letalidad de 2,5%; en 1994, 2.718 casos y en 1995, 3.136. En 1996 se notificaron 2.632 casos, con una letalidad de 2,4%. La mayor letalidad se observó en poblaciones de la zona rural de La Paz y Potosí, dispersas y con difícil acceso a los servicios de salud. El cólera afectó principalmente al grupo de 15 a 59 años, con un discreto predominio en los varones.

La prevalencia de enfermedades diarreicas en los niños menores de 3 años disminuyó de 36% (ENDSA 89) a 30% (ENDSA 94). Se calculó un promedio de cinco episodios diarreicos por niño por año y se estimó en 7.900 el número de muertes anuales por esta causa en los menores de 5 años. La letalidad hospitalaria por diarrea en este grupo de edad fue de 5% en 1992 y de 4,8% en 1995. 

Enfermedades crónicas transmisibles. La atención de la tuberculosis se sextuplicó entre 1993 y 1995, lo que pone de manifiesto el alto grado de prioridad que le han asignado las autoridades sanitarias; así, los establecimientos con programas de control (71% de cobertura de la red de servicios públicos) pasaron de 214 a 1.269. La cantidad de laboratorios diagnósticos aumentó de 127 en 1987 a 302 en 1995. Entre 1983 y 1995 el número de baciloscopias diagnósticas se cuadruplicó, pasando de 18.528 (0,2 por sintomático) a 81.252 (1,3 por sintomático), y en 1996 se llegó a 2,8 baciloscopias por sintomático respiratorio. El registro de casos de tuberculosis en todas sus formas descendió de 165 a 129 por 100.000 habitantes entre 1990 y 1995. En 1995, la incidencia de esta enfermedad fue de 116 por 100.000 varones y de 73 por 100.000 mujeres. La mayor notificación de casos se produjo en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba; la tasa de curación fue de 76% en la cohorte de casos de tuberculosis pulmonar con tratamiento acortado y supervisado. Se encontró 5,8% de resistencia inicial a la isoniazida, 1,8% a la rifampicina y 4,4% a la estreptomicina y 14,7%, 12,6% y 11,5% de resistencia adquirida, respectivamente. La letalidad se mantuvo en 4,5% desde 1988.

La lepra se distribuye en zonas rurales de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz. Entre 1989 y 1996 ocurrieron 3.793 casos, 71% en su forma multibacilar 
y 29% paucibacilares. En 1995 se detectaron 86 casos nuevos y en 1996, 32. Todos fueron en personas mayores de 15 años (60% en varones). En 1996 la tasa de detección fue de 5 casos por 100.000 habitantes con una prevalencia de 110 por 100.000 habitantes. Se ha adoptado el uso de la poliquimioterapia.

Infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas siguen siendo la segunda causa de mortalidad y la primera de morbilidad en la infancia. La mortalidad proporcional por infecciones respiratorias agudas y neumonía disminuyó 30% entre 1989 y 1994 (de 28% a 20%). Según la ENDSA 94, 18% de los niños menores de 3 años presentaron síntomas de infecciones respiratorias agudas en las últimas dos semanas, 25% en niños de 6 a 11 meses de edad y 13% en menores de 6 meses. El 33% de los casos se presentó en los departamentos de Beni y Pando. Según estimaciones de la Dirección Nacional de Salud y Nutrición de la Mujer y el Niño, las infecciones respiratorias agudas causan anualmente unas 5.600 muertes en los menores de 5 años. La letalidad hospitalaria por neumonía en este grupo de edad, según el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), fue de 10% en 1992 y de 7,2% en 1995.

Rabia y otras zoonosis. Entre 1977 y 1994 se registraron 269 casos de rabia humana, de los cuales Santa Cruz y Cochabamba notificaron 71%. En 1995 se notificaron 8 casos y en 1996, 3. El 65% ocurrieron en varones y 55% en menores de 20 años. La transmisión canina es la predominante (91%). El 92% de los casos de rabia animal ocurrieron en perros, 2% en gatos y 6% en otros animales domésticos y silvestres.

En 1990, estudios sobre la teniasis realizados en centros neurológicos de Cochabamba detectaron por tomografía 107 casos de neurocisticercosis. En 1995, investigaciones de seroprevalencia de teniasis y cisticercosis llevadas a cabo en 25 localidades de alto riesgo encontraron 12% y 16,4% en Chuquisaca, 7% y 4,7 % en Potosí, 1% y 2,5% en Santa Cruz, 8,2% y 3,7% en Tarija, 7% y 7% en Cochabamba, 8% y 3% en La Paz y 0% de teniasis y de 5,1% a 5,8% de cisticercosis en Oruro, Cobija y Trinidad, respectivamente. Se realizaron jornadas de desparasitación con praziquantel. Se notificaron otras zoonosis como fasciolasis y fiebre aftosa.

Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Desde 1985, año en que se notificó el primer caso de sida, su número llegó a 123 en 1996, además de 111 casos de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El 92% de los casos ocurrieron en el grupo de 15 a 49 años de edad y 75% en varones. La transmisión sexual representó 92% de los casos, la sanguínea 6% y la perinatal 2%. Ocho de los nueve departamentos del país notificaron casos de infección por VIH/sida, con mayor frecuencia en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Los bancos de sangre tamizaron 16.093 muestras en 1994, con una seroprevalencia de 0,02% y 14.227 en 1995, con una seroprevalencia de 0,03%.

La notificación de casos de sífilis en todas sus formas se está incrementando; la tasa de incidencia por 100.000 habitantes pasó de 44 en 1992 a 55 en 1995. Entre los 20 y 29 años de edad, 48% de los casos son femeninos. Los bancos de sangre tamizaron 13.334 muestras en 1994 y 14.092 en 1995, detectando una seroprevalencia de 2,4% y 1,3% respectivamente. La gonorrea alcanzó una tasa de 73 por 100.000 habitantes en 1995, frente a 30 por 100.000 habitantes en 1992. El grupo de edad más afectado fue el de 20 a 29 años y 65% de los casos ocurrieron en varones.

Enfermedades no transmisibles y otros problemas relacionados con la salud 

Enfermedades y deficiencias de la nutrición y del metabolismo. Según información del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entre los períodos 1979–1981 y 1986–1988 se observó una tendencia a la reducción de la disponibilidad per cápita de calorías por día (de 2.082 a 
1.987 kcal diarios). En 1994, las hojas de balance registraron 2.115 kcal por persona por día. Mediciones realizadas en 1994 y 1996 por un comité de expertos (el Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo) encontraron un consumo de sal yodada de 91,6%, 25,02 mg/dl de yoduria mediana en la población general y 4,5% de prevalencia de bocio en escolares. En relación con la deficiencia de vitamina A, un estudio en 979 niños de 12 a 71 meses de edad efectuado en 1991 encontró 11,3% de prevalencia de retinol sérico inferior a 20 mg/dl (19,5% en la zona rural del Altiplano y 16,5% en la zona del llano) y 48,3% inferior a 
30 mg/dl (deficiencia marginal o subclínica). El control de esta deficiencia ha sido encarado por medio de la administración de cápsulas de 200.000 UI de vitamina A durante las campañas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). En 1992, un estudio del Instituto Boliviano de Biología de Altura en niños de 6 meses a 9 años de edad residentes en zonas altas mostró que la deficiencia de hierro, traducida en la presencia de anemia nutricional, presentaba una prevalencia de 14,6% a 42,6% a los 3.600 metros sobre el nivel del mar y de 23,3% 
a 67,2% a los 4.800 metros sobre el nivel del mar, con una prevalencia de anemia inversa a la edad.

Violencia familiar. En el período de un año (1992–1993), en las cuatro principales ciudades de Bolivia se registraron 21.500 denuncias de violencia contra la mujer; 73% de las cuales fueron por violencia doméstica. En casi todos los casos el agresor fue el varón (pareja o ex pareja de la mujer) y las formas de violencia fueron física (48% de las veces), psicológica y otras (42%) y sexual (10%). Desde 1994, la Subsecretaría de Asuntos de Género ejecuta el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y en diciembre de 1995 el Congreso Nacional aprobó la Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica. Se ha puesto en funcionamiento una red de sistemas legales integrales y de brigadas de protección a la familia en las ciudades principales del país. Desde 1996 se ha registrado un aumento del número de denuncias, atribuible a la mayor sensibilización de la opinión pública al respecto. Debido a la índole delicada del tema, los datos existentes no siempre reflejan la realidad sobre el abuso sexual de niñas y adolescentes. Sin embargo, según información de la Subsecretaría de Asuntos de Género, de cada 10 mujeres víctimas de la agresión en Santa Cruz, al menos 2 fueron violadas, y en Cochabamba al menos 1 se encontró en esta situación.

Salud oral. Un estudio realizado en junio de 1995 por la entonces Secretaría Nacional de Salud en 2.666 niños de 6 a 15 años de edad en 128 escuelas de zonas periurbanas y rurales encontró un índice CPO-D (dientes cariados, perdidos, obturados) igual a 7,6 (9,5 entre los 6 y los 9 años de edad y 6,9 entre los 6 y los 15 años). En el estrato de pobreza moderada, el índice CPO-D fue de 4,5 en el valle, 7,3 en el Altiplano y 10,9 en el llano. El contenido promedio de fluoruro en agua fue de 0,29 ppm, inferior al valor recomendado. Una resolución ministerial le asignó un alto grado de prioridad al problema y puso en marcha el Programa de Fluoruración de la Sal.